El controvertido contrato de integración para inmigrantes que promueve el presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Francisco Camps, ya no es un contrato, sino «un compromiso voluntario y sin imperativos». El Gobierno regional ha suavizado los términos de su futura Ley de Integración de Extranjeros para que no le digan que invade las competencias estatales.

La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, ya habían dejado claro que las normas de convivencia están establecidas en la ley y no son susceptibles de ser negociadas por contrato y que es el Gobierno, y no una comunidad autónoma, el que se encarga de todo lo referente a la integración de los inmigrantes.

Por eso, los valencianos presentaron ayer su propuesta a Corbacho bajo el compromiso de que únicamente «será un complemento de las actuaciones que ponga en marcha el Ministerio». Así lo aseguró el conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, al término de su primera reunión de la legislatura con el nuevo máximo responsable de Inmigración.

«No lo pondremos en marcha sin que el ministro y el Gobierno estén plenamente convencidos de que no invade las competencias estatales. Y, si invade alguna, lo cambiaremos», prometió Blasco. Y anunció que la Generalitat ha encargado unos informes jurídicos para que quede claro que el compromiso de integración está «dentro del marco constitucional».

El consejero contó que Corbacho le escuchó «con receptividad». El ministro no sólo no rechazó la medida, sino que se comprometió a «seguir trabajando juntos». Su punto de vista lo expresó a través de la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, que reconoció que existen «puntos de coincidencia claros», aunque recordó que «cada uno debe trabajar en el ámbito de sus competencias».

El Gobierno dará el visto bueno al compromiso de integración si, como promete Blasco, se limita a «fortalecer los pilares que ya desarrolla el Gobierno en colaboración con las comunidades autónomas». Por contra, lo recurrirá ante el Tribunal Constitucional «si se produce una invasión de las competencias», una cuestión que el Ejecutivo tendrá ahora que dilucidar.

El compromiso de integración que defiende Camps consiste en que los inmigrantes que lo deseen puedan acudir a cualquier institución pública valenciana y manifestar por escrito su intención de conocer nuestras costumbres. La Generalitat les ofrecerá, entre otras cosas, clases gratis de castellano y valenciano y formación para recolocarlos en los sectores con más salidas ante la crisis. El incumplimiento del compromiso no conllevará ninguna sanción.

La postura de Rumí es que el Gobierno ya hace suficiente por la integración (reparte 200 millones de euros anuales entre las CCAA) y fomenta el conocimiento de nuestras normas, leyes o lenguas, por lo que la propuesta valenciana (en su versión light) no aporta, en realidad, demasiadas novedades.