Un variado conjunto de elementos han convertido de nuevo el tema de la inmigración en un elemento central de la agenda política en Europa, en España y en Cataluña. Como han denunciado en estas mismas páginas Ridao y Ramoneda, está tomando cuerpo en Europa una iniciativa para ir deteniendo y expulsando a los ocho millones de inmigrantes que supuestamente pululan por el continente sin papeles, reduciendo significativamente, además, sus garantías jurídicas. Es evidente que el tema está alimentando a la derecha europea, en esa mezcla de “nacionalismo ciudadanista” (como diría el profesor Ricard Zapata) y de pulsión securitaria que tan buenos resultados ha dado al conservadurismo autoritario en sitios tan dispares como Holanda, Francia, Dinamarca, Suiza o Italia. Pero tampoco desde las posiciones socialdemócratas se sabe muy bien cómo responder a esa incomprensión generalizada sobre el mundo al que nos estamos asomando. No resulta fácil tratar de capear el temporal con posiciones ambivalentes y con mensajes contradictorios. El último en llegar no puede dictarnos qué es lo que tenemos que hacer, pero tampoco está claro qué es lo que une realmente a los penúltimos con los de en medio y los primigenios (si es que alguien es del todo primigenio).

En España, el reciente cambio de gobierno nos ha conducido a crear un ministerio que ha trasladado a su rótulo las competencias de trabajo e inmigración. Pero todos sabemos que la inmigración no es sólo trabajo, es también salud, educación, vivienda, ocio y religión. Y en los últimos meses, el incremento de los recién llegados por razón de reagrupamiento familiar lo refuerza si cabe. El nuevo ministro del ramo, el ex alcalde de L’Hospitalet Celestino Corbacho, ha manifestado un cierto cambio de talante con relación a su antecesor. Y ello parece que tiene que ver con la sensación de que los socialistas no estaban afrontando con suficiente seriedad un tema que es considerado muy preocupante para dos de cada tres españoles, y con una opinión pública cada vez más favorable a endurecer normas y acceso a prestaciones para inmigrantes. Corbacho está tratando de combinar cierta mayor rotundidad en las formas (no más regularizaciones, más precauciones en los procesos de reagrupamiento, menos contemplaciones con los rasgos diferenciales…) con afirmaciones claras de integración para los que ya están “regularizados” (participación política, acceso garantizado a servicios básicos…). Todavía recuerdo una de sus frases en L’Hospitalet: “La base de toda integración está en la escuela y en la escalera”. Y a esto quiero también referirme.

La portada del martes de la La Gaceta de los Negocios decía: “Los inmigrantes son un negocio para el Estado y una ruina para las autonomías”. El Estado recauda impuestos de los inmigrantes por valor de 24.000 millones de euros, y esa misma cantidad es la que se gastan las comunidades autónomas (CC AA) en proveer de servicios a esa población. Los inmigrantes, según esa fuente, aportan el 6,6% de la recaudación total de las administraciones públicas y reciben el 5,4% de las prestaciones. Recauda el Estado, gastan las CC AA y los municipios. Y ése es el problema. Los municipios son, de hecho, los que mayores esfuerzos están haciendo en el tema de la inclusión social de los inmigrantes, sin que se les reconozca adecuadamente el esfuerzo que en general están realizando. Acaba de aparecer un informe del Síndic de Greuges, La gestión municipal del empadronamiento de los inmigrantes (www.sindic.cat), en colaboración con la Fundación Pi i Sunyer, en el que se demuestra que la clave del proceso de inclusión de los inmigrantes es el papel que, de manera más o menos proactiva, desempeñan los municipios en el proceso de empadronamiento. Si un inmigrante está empadronado, tiene acceso a servicios sanitarios y educativos, y se le abren las puertas a otras prestaciones. Los ayuntamientos son claves en los procesos de enraizamiento y en la cuestión del reagrupamiento. Nadie les agradece nada y en muchos casos no saben a qué atenerse. ¿Tienen que hacer la vista gorda y empadronar a alguien que no tiene papeles muy claros? ¿Han de exigir muchas garantías sobre el domicilio en que afirman residir? Sin prejuzgar cuál es la respuesta adecuada, lo cierto es que el informe del Síndic demuestra que predomina el campi qui pugui. Hay algunos municipios que se arriesgan y empadronan (incluso en direcciones del propio Ayuntamiento) como medio para que los inmigrantes acaben incorporándose en “la escuela y la escalera”, y otros que optan por cerrar la puerta antes de que la corriente de aire acabe generando más de un disgusto. En las bases del reciente Pacto Nacional por la Inmigración del Gobierno catalán, se aboga por unificar criterios en estos temas y facilitar la acogida. En el fondo, como casi siempre, todo acaba siendo un problema de valores.