El “contrato de inmigración” anunciado hace una semana por la Generalitat valenciana, y que fue saludado con una gran traca de opiniones enfrentadas, se quedó ayer en un “compromiso de integración voluntario, complementario a la acción del Estado y sin consecuencias jurídicas”. Así se lo definió el consejero de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en la reunión que ambos mantuvieron en Madrid.

Desde el primer momento, el “contrato” valenciano fue percibido como un ensayo del documento que había propuesto el líder del PP, Mariano Rajoy, durante la campaña electoral. El contrato de Rajoy pretendía que los extranjeros se comprometieran a respetar las costumbres españolas a cambio de gozar de los mismos derechos que el resto de los ciudadanos.

El 28 de abril, el propio Blasco favoreció la identificación de ambos documentos al declarar: “Los inmigrantes deberán asumir nuestro modelo de convivencia y nuestra escala de valores”. Pero ayer se esforzó en aclararle al ministro que su contrato “no es un contrato”, que “en ningún caso pretende invadir las competencias del Estado” y que si colisionara con ellas, lo retirará de inmediato.

El consejero aseguró incluso que haría llegar a Corbacho el texto de la ley que contemplará el documento para que pueda valorarla antes de que se publique. La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, que estaba presente en la reunión, declaró que el Gobierno no se pronunciará antes de conocer el texto.

Ambas partes – ministerio y consejería – valoraron la cordialidad de la reunión. El consejero Blasco comenzó agradeciendo al ministro Corbacho su acogida y, aunque planteó algunos asuntos al margen del devaluado contrato, lo hizo en un tono mucho menos belicoso que el que anunciaban sus declaraciones previas ante los periodistas.

Así, recordó que los 732.100 extranjeros que residen en territorio valenciano ya representan el 16% de la población y dijo que esa cifra requiere un esfuerzo presupuestario por parte del Gobierno. Pero a continuación admitió que ese asunto no es competencia del Ministerio de Trabajo (parece depender de Hacienda).

También reclamó el consejero competencias o, al menos, alguna fórmula de cogestión de los procedimientos de reagrupación familiar y arraigo que implican a la administración local y autonómica.