La asistencia sanitaria del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona, donde falleció un interno guineano el pasado 6 de enero, tiene carencias muy graves; no hay forma de controlar – por la falta de un registro en este sentido – si los internos han pedido ir al médico y no se les ha llegado a atender; el consultorio funciona en un horario muy reducido e insuficiente (no hay personal por las noches ni los fines de semana a partir de las tres); cuando los inmigrantes acuden para pedir un parte médico que acredite lesiones que ellos alegan que les ha causado un funcionario, médicos y enfermeras no lo ponen en conocimiento del juez ni de la fiscalía ni del director del centro, y las cámaras de videovigilancia dejan muchos puntos oscuros que impiden fiscalizar la actuación de los funcionarios.

Estas son las conclusiones preliminares de la visita de los asesores de la Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, al CIE de Barcelona los pasados 17 y 18 de enero, junto a un médico experto en medicina legal y forense, tras la muerte del ciudadano guineano Idrissa Dallio. El joven, de 21 años, falleció presuntamente a causa de un infarto de miocardio. Sus compañeros denunciaron que no se le había atendido correctamente dentro del CIE. La Defensora aún no ha elaborado las conclusiones definitivas, pero ha remitido un avance urgente al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, con copia al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para que se subsanen de inmediato las principales carencias.

Los compañeros de celda de Idrissa Dallio aseguraron que el joven había solicitado auxilio médico que en un primer momento no se le brindó, y que cuando fueron conscientes de la gravedad de lo que estaba pasando fue ya demasiado tarde. Ante los asesores del Defensor, tres testigos señalaron que ya antes de ese día había intentado en tres ocasiones que lo asistiera un médico.

Aparte de la muerte del joven de Guinea Conackry, el pasado 19 de diciembre falleció en el CIE de Aluche Samba Martine, una congoleña que llevaba más de un mes en el centro y que había acudido hasta en 10 ocasiones al servicio médico del centro – externalizado y contratado, como en el resto de los CIE, con la empresa privada Sermedes – para quejarse de distintas dolencias. Fue trasladada al hospital solo seis horas y media antes de morir.

Los dos fallecimientos, que investigan los tribunales por si se hubiera producido una negligencia médica, han puesto de nuevo el foco en estos centros de privación de libertad para inmigrantes, previstos en la ley pero sobre los que no existe hasta el momento un reglamento que regule de forma detallada las condiciones de vida de los internos.

“Va a ser muy difícil objetivar si las dos muertes se podían haber evitado, precisamente por la falta de registros detallados en los servicios médicos, pero hay dudas de que estas personas hayan recibido asistencia sanitaria suficiente y adecuada. Y las graves carencias médicas de los Centros de Internamiento de Extranjeros impiden que se puedan controlar y evitar situaciones como las de los dos fallecidos”, señaló Cava de Llano ayer a este periódico.

El médico experto en medicina legal y forense que acompañó a los asesores fue quien detectó las graves carencias en el servicio médico. No existe un protocolo de actuación, hay problemas en la prevención, y la asistencia no tiene en cuenta la procedencia del interno, si este acaba de llegar a España después de un largo viaje a través de África para alcanzar la frontera (durante el cual no ha recibido ningún tipo de asistencia) o si lleva ya tiempo en el país acudiendo a la sanidad pública.

Además, cuando el servicio médico está cerrado y la urgencia provoca el traslado de la persona a un hospital, no se pueden sacar los historiales clínicos de los internos, de forma que los servicios médicos de emergencia no tienen acceso a ellos cuando los tratan.

El informe del Defensor del Pueblo señala también la necesidad de que se instalen más cámaras de videovigilancia en los centros para poder contrastar con las imágenes las denuncias de malos tratos de los internos. En Barcelona, por ejemplo, no las hay dentro del espacio conocido como “biblioteca”, que en realidad es una celda de aislamiento.

Un interno argelino denunció ante los asesores del Defensor que le habían pegado, pero las imágenes no revelaban lo sucedido dentro de “la biblioteca”. Cava de Llano pide que “de manera urgente” se instale allí una cámara.

La Defensora recomienda también que se dicten instrucciones para que cada parte de lesiones, tanto de los internos como de los funcionarios, se remitan al juzgado de guardia, algo que en estos momentos solo ocurre con los de los funcionarios. Ahora, la existencia de las lesiones no se comunica siquiera al director del CIE a no ser que lo haga el interno.

Cava de Llano plantea además que, dado que los internos están en los CIE por no tener papeles, los policías deberían limitarse a la vigilancia externa del centro mientras que, en el interior, los funcionarios deberían ser sobre todo trabajadores sociales.