El defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, cree que en Almería se “experimenta” en política migratoria como si de un “laboratorio” se tratara para, posteriormente, ver “cómo se va a hacer” en otros lugares del país. Esta circunstancia, en una de las provincias con mayor mano de obra y residentes extranjeros, “viene desde hace mucho”, recuerda Chamizo, quien se sumó ayer a las denuncias efectuadas por una veintena de colectivos almerienses.

Estos – entre los que se encuentran Almería Acoge, Sindicato Obreros del Campo (SOC), organizaciones religiosas, IU y Equo – califican de “abusiva, injusta y caótica” la gestión y actuación de la Oficina de Extranjería de Almería “avalada” por la Subdelegación del Gobierno. Los colectivos exigen un “trato digno” a los usuarios y este domingo saldrán a la calle en una manifestación convocada a mediodía en el centro de la capital. La mayoría de los expedientes solicitados tratan de acreditar un arraigo social en el país, bien por trabajo o estancia acreditada durante tres años.

La normativa se aplica en España “con fluidez”, aseguran los denunciantes, pero en Almería “la mayor parte de expedientes son puestos bajo sospecha y denegados por cualquier motivo”. “El pequeño porcentaje que se concede es extinguido por la Oficina de Extranjería a los tres días de estar de baja en Seguridad Social”, ahondan. Además, denuncian que la Subdelegación “continúa imponiendo la sanción de expulsión”.

El Gobierno niega todas estas circunstancias, así como que la resolución de los expedientes se sitúe en 18 meses, como afirman los colectivos sino en 45 días y, actualmente, los expedientes de arraigo social “están resueltos prácticamente en su totalidad”.