Cuatro de cada diez inmigrantes retenidos en los centros de internamiento de extranjeros asegura haber sufrido malos tratos y un 4% de ellos denuncia haber sido víctima de torturas. Un informe presentado ayer por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (Cear) desvela numerosas irregularidades en estos complejos, desde la falta de higiene al hacinamiento pasando por la ausencia de contactos con los abogados que gestionan su expulsión.

El Cear, que ha realizado más de un centenar de entrevistas a inmigrantes y funcionarios de estos centros dependientes del Ministerio del Interior, pone el acento en la mala situación de tres de los ocho existentes en España, los de Madrid, Valencia y Málaga.

El estudio, cuyos resultados han sido ya entregados al departamento que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba, desvela que el 63% de los inmigrantes recluidos en estos establecimientos no están acusados de haber cometido delito alguno, sino que se trata de personas con faltas administrativas por entrada ilegal en el territorio nacional. Estos centros, explica Cear, están diseñados como comisarías y preparados para estancias cortas en calabozos, aunque en realidad la estancia media de los inmigrantes expulsables supera los veinte días y, en muchos casos, llega a los cuarenta, máximo legal de retención que marca la legislación española.

En esa situación de limbo jurídico, sólo el 42% de los retenidos conoce el nombre del letrado de oficio asignado para su caso y cómo contactar con él. La inmensa mayoría de los entrevistados denuncia la dificultad para recibir o hacer llamadas, o la inexistencia de un régimen real de visitas desde el exterior. Esta situación de aislamiento hace que el 2% de los inmigrantes reconozca tener «una intención clara de suicidio», según el director del estudio presentado ayer, el psiquiatra Pau Pérez – Sales.

Interior rechaza las quejas

«Los centros de internamiento repugnan al Estado de derecho y hay que tomar medidas», apuntó el especialista en salud mental, quien hizo hincapié en que algunas de las deficiencias graves de este sistema de reclusión atentan contra la «dignidad» de los inmigrantes. Por ejemplo, obligar a los internos a llevar la misma ropa interior durante 30 días, la ausencia de inodoros en las celdas o la mala alimentación.

Además, el 34% de los entrevistados dicen que la comida es de mala calidad y el 32% creen que es insuficiente. Por eso, la mitad de los internos que han prestado su testimonio aseguran haber perdido el apetito y uno de cada tres dice haber adelgazado.

Tras conocer el contenido del informe, el Ministerio del Interior negó tajantemente que se hayan producido vejaciones a los inmigrantes y aseguró que todas las denuncias sobre irregularidades en los centros de internamiento para extranjeros son investigadas y comunicadas de forma inmediata a la autoridad judicial.

A través de un comunicado, el Gobierno español subrayó que de todos los casos denunciados por Cear sólo ha tenido conocimiento del suceso ocurrido el pasado 29 de mayo en el centro de Madrid, y por el que ya se abrieron diligencias que fueron remitidas a la autoridad judicial.